Laura cosechó ¢160 millones en ayuda de sociedades anónimas
> TSE asegura que vigilará acatamiento de norma de manera muy perspicaz
> Nuevo Código Electoral entrará a regir en menos de dos semanas
La prohibición que tendrán de ahora en adelante los partidos políticos y los candidatos a la Presidencia de recibir contribuciones para sus campañas por parte de sociedades anónimas o personas jurídicas, afectaría en mayor medida a Laura Chinchilla, candidata del Partido Liberación Nacional (PLN).
Mientras que a junio de este año la ex vicepresidenta —en el proceso de precampaña del PLN— facturaba ¢159.895.240 donados por personas jurídicas, sus adversarios en otras tiendas no facturaban ni un centavo de este tipo de contribuciones.
A lo largo de la discusión del nuevo Código Electoral los diputados del PLN insistieron en que las contribuciones de personas jurídicas quedaran avaladas, sin embargo la oposición no lo permitió.
De igual manera Chinchilla estaba —en un inicio— de acuerdo con este tipo de ayuda financiera, alegando que lo más importante “era la transparencia” y que dichas donaciones “no son un hecho malo”.
Sin embargo, días después y previamente a la aprobación del Código la candidata varió su discurso diciendo que independientemente de lo que resultara en el nuevo Código Electoral su movimiento iba a excluir las donaciones jurídicas.
Entre tanto en las filas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario (ML) sus candidatos aseguran que no han recibido ninguna donación por parte de sociedades anónimas o bien provenientes de personas jurídicas.
La reforma al Código Electoral entrará en vigencia en cerca de dos semanas. La legislación ya fue aprobada en el Congreso y solo resta su sanción por parte del Presidente y su publicación en La Gaceta.
En cuestiones de financiamiento, el nuevo marco legal avala solo las contribuciones físicas y no les impone un límite. Además del financiamiento proveniente de personas jurídicas, los extranjeros tampoco podrán hacer contribuciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones ha asegurado que vigilará de manera muy perspicaz el acatamiento de las disposiciones del nuevo Código Electoral, sobre todo en lo relacionado con el financiamiento. La transgresión de estas normas se sancionaría con penas de cárcel.
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